En 2026 la economía de España continúa ejecutando los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, conocidos como PERTE, como instrumento central de su política industrial. Estos programas, financiados en gran parte con fondos europeos Next Generation, tienen como objetivo reconfigurar el tejido productivo hacia sectores de mayor valor añadido como automoción eléctrica, microelectrónica, energías renovables, hidrógeno verde y digitalización avanzada. Sin embargo, más allá del volumen anunciado de inversión, la cuestión relevante es evaluar si el PERTE está generando un crecimiento regional sostenible o simplemente un impulso coyuntural vinculado al gasto público.
La arquitectura territorial del PERTE ha favorecido regiones con tradición industrial previa, como Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra en el ámbito automotriz, mientras que Andalucía y Aragón han captado proyectos relevantes en renovables e hidrógeno. Este patrón revela que la política industrial no parte de cero, sino que se apoya en clusters preexistentes con capacidad de absorción tecnológica y capital humano cualificado. La consecuencia inmediata es una concentración territorial del impacto, donde regiones ya industrializadas tienden a amplificar su ventaja relativa frente a aquellas con menor base productiva.
Efecto multiplicador y arrastre sobre pymes
Uno de los argumentos centrales del diseño PERTE es el efecto arrastre sobre pequeñas y medianas empresas integradas en cadenas de suministro. La inversión en gigafactorías de baterías o en plantas de hidrógeno no solo implica gasto directo, sino también contratos auxiliares, logística, servicios tecnológicos y modernización de proveedores locales. No obstante, la evidencia preliminar en 2026 sugiere que el multiplicador no es homogéneo. Las empresas con capacidad financiera y tecnológica han captado mayor proporción de ayudas, mientras que muchas pymes enfrentan barreras burocráticas y dificultades para cofinanciar proyectos.
Este fenómeno introduce un debate estructural: ¿está el PERTE ampliando brechas empresariales dentro de las regiones beneficiadas? Si el capital público termina concentrándose en grandes corporaciones con acceso a financiación, el impacto redistributivo regional puede diluirse y limitar la profundidad del tejido productivo.
Productividad regional y capital humano
El crecimiento regional sostenible depende no solo de inversión física, sino también de capital humano y transferencia tecnológica. En regiones donde universidades y centros tecnológicos están alineados con los sectores PERTE, se observa mayor dinamismo en formación especializada y captación de talento. Sin embargo, la transición hacia industrias intensivas en tecnología requiere tiempo y adaptación curricular, por lo que el impacto pleno en productividad aún no se refleja completamente en los datos agregados de 2026.
Además, la movilidad laboral interregional podría generar efectos secundarios. Si trabajadores cualificados se desplazan hacia polos industriales emergentes, regiones menos dinámicas podrían experimentar pérdida relativa de capital humano, profundizando divergencias territoriales.
Sostenibilidad fiscal y coordinación europea
El PERTE se financia en parte mediante transferencias europeas, lo que reduce presión inmediata sobre déficit nacional. Sin embargo, la ejecución eficiente es clave para evitar desviaciones presupuestarias. En el análisis sobre la sostenibilidad de la deuda pública española al 110 por ciento del PIB se señalaba que la consolidación fiscal futura dependerá de que las inversiones actuales generen crecimiento estructural suficiente para ampliar la base tributaria.
Si los proyectos industriales no alcanzan los retornos esperados, el riesgo no es solo económico sino fiscal, ya que la deuda acumulada deberá sostenerse con ingresos permanentes.
Competitividad europea y comparación con Alemania
Comparado con Alemania, cuyo modelo industrial está más consolidado y diversificado, España enfrenta el reto de acelerar procesos de innovación en un periodo relativamente corto. Alemania parte con ventaja en maquinaria avanzada y tecnología automotriz, mientras que España busca posicionarse en movilidad eléctrica y energías limpias como nichos estratégicos.
El éxito relativo del PERTE dependerá de la capacidad de integrarse en cadenas europeas de valor sin quedar relegada a ensamblaje de bajo margen. La competencia intraeuropea por captar inversiones industriales intensivas en capital es intensa y condicionada por costes energéticos y regulatorios.
Impacto macroeconómico agregado
En términos de PIB regional, los primeros efectos visibles se observan en inversión bruta de capital fijo y en construcción de infraestructuras industriales. Sin embargo, el verdadero impacto estructural se medirá en exportaciones industriales de alto valor añadido y en aumento de productividad total de los factores.
Si el PERTE logra consolidar clusters competitivos en baterías y renovables, el impacto podría trascender el ciclo de fondos europeos y convertirse en base permanente de crecimiento. Si, por el contrario, la inversión se limita a proyectos puntuales sin integración sistémica, el impulso podría diluirse al finalizar el periodo de financiación.
Riesgos estructurales
Existen riesgos asociados a ejecución administrativa lenta, sobrecostes energéticos y dependencia de decisiones corporativas multinacionales. Además, la incertidumbre regulatoria europea en materia de ayudas de Estado podría alterar incentivos a medio plazo.
La divergencia entre crecimiento turístico y estancamiento industrial analizada previamente demuestra que la economía española aún presenta desequilibrios sectoriales relevantes. El PERTE pretende corregir esa asimetría, pero el éxito dependerá de continuidad estratégica más allá de ciclos políticos.
Conclusión estratégica
El impacto del PERTE industrial en el crecimiento regional español en 2026 muestra avances concretos en inversión y modernización productiva, pero su consolidación estructural aún está en proceso. La concentración territorial en regiones con base industrial previa sugiere eficiencia en asignación de recursos, aunque también plantea interrogantes sobre cohesión regional.
La verdadera prueba no será el volumen ejecutado, sino la capacidad de generar ventajas competitivas duraderas, elevar productividad y fortalecer exportaciones tecnológicas. Si estos objetivos se cumplen, el PERTE podría convertirse en punto de inflexión para la reindustrialización española. Si no, el programa corre el riesgo de ser percibido como impulso fiscal transitorio sin transformación profunda del tejido productivo.
